DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

Nos gustaría en primer lugar hacer una breve reseña histórica de los Derechos Humanos en la Argentina posterior a la dictadura militar.

Entre 1976 a 1983 se desarrolló en nuestro país la más sangrienta dictadura de nuestra historia


El saldo de la misma fue el de 30.000 detenidos-desaparecidos, 10.000 presos políticos, un número indeterminado de exiliados y de insiliados.

Se sextuplicó la deuda externa y se operaron profundas modificaciones económicas, políticas, sociales y culturales, que sin duda afectaron y afectan aún hoy a nuestra sociedad.

La subjetividad, los vínculos, las conductas, los proyectos y los valores tienen un antes y un después de la dictadura militar.
A poco de finalizar la dictadura promulga una ley en la que reconoce que pudo haber “errores o excesos” en la llamada “lucha antisubversiva”, auto exculpándose por los mismos. La “lucha antisubversiva”, fue el eufemismo utilizado por la dictadura para falsear lo que en verdad ocurrió: La represión política sistematizada, masiva y de exterminio, que comprometió a las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado y que constituyó un régimen de auténtico Terrorismo de Estado. La figura paradigmática de ese sistema represivo fue la del desaparecido, con las graves consecuencias que provocó en familiares, allegados y en la sociedad en su conjunto.
Esta ley se conoció popularmente como la “autoamnistía”, ya que pretendía consagrar el absurdo de un gobierno que se perdonaba a si mismo. A fines de 1983 el movimiento de Derechos Humanos en el país era masivo y tenia un gran prestigio social. El reclamo de justicia era una reivindicación masiva muy sentida, y la democracia en ciernes encerraba la promesa de alcanzar la anhelada justicia.

Ni bien asumió el gobierno de Raúl Alfonsin anuló la “autoamnistía” y decretó el juzgamiento de las sucesivas juntas militares y de varios jefes de organizaciones armadas, en un intento de equiparación de los mismos. Esta iniciativa culminó con los juicios a los ex comandantes militares.


Al mismo tiempo el gobierno propuso que los delitos cometidos por el resto de los militares debían ser juzgados por los propios militares, es decir por la justicia militar, en una apuesta a la auto depuración de las Fuerzas Armadas. En todos los casos la justicia militar se expedía a favor de sus subordinados. Fracasado este intento se dio paso a la justicia civil.

Rápidamente surgieron dos problemas: en primer lugar se planteó desde el nuevo gobierno que dentro de los represores habría distintos niveles de responsabilidad, dicho sintéticamente estarían los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se “excedieron” en el cumplimiento de las mismas. Nótese las resonancias que este planteo tiene con el planteo de los ‘errores y excesos’ antes señalado. Si bien el criterio de niveles de responsabilidad puede tener cierta lógica formal, sobre todo pensando que se trata de instituciones piramidales, veremos luego las derivaciones políticas de este punto.

El segundo problema era quien iba a investigar estos delitos de lesa humanidad. Por su masividad, por su gravedad, por la magnitud del daño causado, por la trascendencia política y social de los hechos, no eran suficientes solamente los jueces. Mucho menos cuando la mayoría de ellos fueron nombrados o ratificados por la propia dictadura militar. Desde el Congreso de la Nación, prácticamente todo el arco político opositor, proponía la creación de una Comisión Bicameral con plenos poderes para investigar, por ejemplo podría ingresar a cuarteles militares, revisar archivos, interrogar personas, etc.

Desde el nuevo gobierno se propuso y se creó una comisión de notables que recabaría la información de las víctimas y sus familiares. Así nació la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Fruto del trabajo de la misma se publicó el libro NUNCA MAS. Mas allá de las calidades de sus miembros, la CONADEP nace con atribuciones recortadas.
La idea de una comisión de notables en contraposición a una comisión integrada por los representantes del pueblo, mostraba un criterio aristocratizante, insisto, mas allá de los meritos que pudieran tener las personas en particular. La CONADEP, básicamente, recabo información, mucha de la cual ya se encontraba en los diferentes Organismos de Derechos Humanos que venían luchando desde hacia varios años.

No obstante estas limitaciones, y el particular sesgo de la comisión, la publicación del libro NUNCA MAS, autocensurado por el propio gobierno que impidió que figurara en el mismo una lista con cientos de nombres de represores, se constituyo en un documento histórico incontrastable acerca de las aberraciones cometidas por el gobierno de facto.